Legislación

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Uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de cualquier política es la base legislativa sobre la que se asienta. En este sentido, se ha revisado la totalidad de la legislación sobre biorresiduos a distintos niveles: europeo, nacional, comunitario y municipal.

La primera conclusión, a la vista de la legislación existente, es que la gestión de los bioresiduos sigue siendo un tema incómodo que se permite pero que no se estimula ni se fija como prioridad inmediata.

La nueva Ley 22/2011 establece el que el compostaje doméstico y comunitario puede considerarse un sistema de tratamiento de los bioresiduos (Artículo 24), aunque no fija como obligación la recogida ni el tratamiento separado de la fracción orgánica que sí es obligatoria, antes del 2015, para papel, metal, plástico y vidrio (Artículo 21.3).

Aun así, se fija como objetivo que antes del 2020, la cantidad de residuos domésticos y comerciales destinados a la preparación para la reutilización y el reciclado para las fracciones de papel, metales, vidrio, plástico, bioresiduos u otras fracciones reciclables deberá alcanzar, en conjunto, como mínimo, el 50 % en peso (artículo 22).

La segunda idea clave es que seguirá habiendo grandes diferencias entre comunidades autónomas mientras no se redacten nuevos Planes de Gestión adaptados a los nuevos objetivos, ni hasta que se renueven las contratas de gestión que se vinculan a los Planes de Gestión.

Se pueden destacar también los distintos niveles legales con los que se trabaja en las Comunidades Autónomas. Algunas han apostado por legislar mientras que otras han preferido redactar Planes apoyándose en la legislación estatal. En siete comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Canarias, Castilla y León, Extremadura y la Región de Murcia) las normas consultadas no tienen ninguna referencia al compostaje doméstico o comunitario. Se ha constatado también que no siempre coinciden las leyes con los Planes y Programas: En el tema del compostaje, la realidad puede ir más avanzada que la normativa.

Además, algunas comunidades autónomas como las Islas Baleares, Castilla la Mancha o Cataluña, se han propuesto tratar de manera separada la fracción orgánica, y en parte, hacerlo mediante compostaje doméstico o comunitario.